Reforma.com
13 de noviembre de 2007,
Staff.
13 de noviembre de 2007,
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México.
El robo de un contenedor con 11.7 toneladas de cocaína en la Aduana de Altamira, Tamaulipas, estuvo rodeado de omisiones y deficiencias en materia de seguridad, denuncia una investigación de la Secretaría de Hacienda.
El día del robo, sólo funcionaban 4 de las 17 cámaras del circuito cerrado y había dos brechas sin vigilancia, abiertas para sustraer ilegalmente cualquier tipo de mercancía, reporta la investigación.
El día del robo, sólo funcionaban 4 de las 17 cámaras del circuito cerrado y había dos brechas sin vigilancia, abiertas para sustraer ilegalmente cualquier tipo de mercancía, reporta la investigación.
REFORMA tuvo acceso a una indagatoria interna que realizó del 16 al 19 de octubre la Administración General de Aduanas, dependiente de Hacienda, sobre el robo de la cocaína y que luego fue asegurada por el Ejército, el 5 de octubre.
En ella, la autoridad Hacendaria señala a la Sagarpa y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como responsables de omisiones que probablemente facilitaron el robo del contenedor, pero además cuestiona las investigaciones de la PGR y el Ejército.
El análisis de Aduanas reclama que la PGR arraigara a 9 de sus funcionarios, a pesar de que no tenía en ese momento documentos ni videos de los hechos.
El 30 de septiembre llegaron a la aduana los contenedores CADU400892 y GRIU4020725, procedentes de Colombia. Declararon que llevaban 54 toneladas de harina de plátano. El primero salió de la aduana mediante los trámites legales y el otro fue robado.
Critica averiguación
Hacienda cuestiona que la PGR no investigara en principio al importador Aduanas y Logística; tampoco a Importaciones y Exportaciones Harko, que tenía los derechos de la carga, ni a la transportista Lovera, que se llevó legalmente uno de los dos contenedores sospechosos.
Por el contrario, critica que no se molestara al agente aduanal que hizo los trámites y que tampoco arraigara al oficial de la Sagarpa que empleó sólo 5 minutos para documentar que los contenedores con cocaína eran "harina de plátano".
El informe deja al descubierto que la Administración Portuaria Integral (API), que depende de la SCT, tiene abiertas dos brechas denominadas "Ejido Armenta" y del "Canal", las cuales desde el 27 de julio Aduanas pidió cerrar para evitar robos, pero la SCT no atendió su petición.
Las cámaras
Otro dato revelador es que en las instalaciones, sólo 4 de 17 cámaras de video funcionaban el 4 de octubre, fecha en que presuntamente se robaron el contenedor con droga, mismo que al día siguiente fue localizado.
Aduanas señala que esas cámaras dependen también de la API y que el 3 de septiembre pasado le pidió repararlas con el carácter de "urgente", en una comunicación registrada en el oficio 326-SAT-28-A46-1-5625.
La autoridad hacendaria dice que dos días después el titular de la API, Alejandro Gochicoa Matienzo, les respondió en el oficio APIALT-DG-792/07 que ya revisaban el circuito cerrado, pero le pidió a Aduanas "que de ninguna manera se haga contacto directo con el proveedor", porque era asunto de la API.
"El 17 de octubre se visitó las instalaciones del recinto fiscalizado Infraestructura Portuaria Mexicana, en donde fuimos atendidos por el señor Martínez, el cual nos explicó que han sido visitados por diferentes autoridades federales y que ninguna de ellas había requerido las facturas emitidas por la prestación de servicios y la forma de contratación, así como las formas de pago para determinar quién o quiénes eran los propietarios de la mercancía", dice el texto.
¿Videovigilancia?
El 4 de octubre, día del robo de un contenedor con 11.7 toneladas de cocaína en la Aduana de Altamira, sólo funcionaban 4 de las 17 cámaras de seguridad. Comentar esta Noticia...
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