‘Piratería’, un delito “socialmente aceptado”

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23 de octubre de 2007,
Maria de la Luz Gonzalez.

Mexico.

Rocío es una contadora de clase media. Cuando compra, busca cosas de calidad a buen precio, aunque para hacerlo tenga que tomar riesgos que considera aceptables, como cuando adquirió ropa de marca y una batería de cocina francesa en el mercado San Felipe de Jesús.

“Me dio un poquito de miedo porque tuve que ir de madrugada, con gente que no conocía, llevando el dinero en efectivo; pero compré dos chamarras de marca originales, y mi batería por seis mil pesos. La verdad, vale la pena. En una tienda me habría gastado como 20 mil”, relata.

Rocío no sabe si las chamarras y los utensilios eran robados o llegaron de contrabando al país, pero no cree haber cometido un delito al comprarlos: “pagué por todo, no me lo robé”, justifica.

Como ella, muchos mexicanos, sin importar su condición económica, compran productos lujosos ya sea de contrabando, robados o piratas, sin cuestionar su origen ni comprender el daño que provocan a la industria legalmente establecida, explica Jorge Amigo Castañeda, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

“En el IMPI hemos hecho encuestas a diferentes grupos de población de diferentes niveles económicos y es francamente dramático observar que el tema de piratería es un tema socialmente aceptado”, lamenta.

Incluso, agrega, “llegamos al extremo de señoras que nos contestan que como son de una posición económicamente alta, se compran la bolsa pirata porque nadie va a pensar que es falsa”.

Las cifras

La piratería, el robo y el contrabando representan entre 60% y 70 % de la oferta de productos en la economía informal, y tienen en jaque a doce industrias, de acuerdo con cifras del Instituto para la Protección Privada de la Propiedad Intelectual y el Comercio Legal.

Entre las industrias más afectadas están la cinematográfica, la musical, del vestido, del software, la editorial, del vestido, del calzado y la textil, detallan informes del organismo.

De acuerdo con la American Chambers, que prepara un estudio sobre el origen y las causas de la piratería, las pérdidas causadas por este delito a la industria en México durante 2006 fueron de mil 200 millones de dólares. Otros organismos calculan el daño en más de dos mil millones, la verdad es que no hay cifras exactas.

A escala mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reporta que las pérdidas mundiales por comercialización de mercancía pirata son de 200 mil millones de dólares. Pero Jorge Amigo explica que esta cifra es sólo un punto de partida para dimensionar el problema, pues la Organización sólo identificó los productos que entran por las aduanas.

Manuel Soto Gutiérrez, presidente de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial (AMPPI) e integrante de International Trademark Assocation (INTA), advierte que la piratería y el contrabando, además de dañar a la industria nacional, son el soporte de otras actividades de la delincuencia organizada.

“No me queda ninguna duda, porque son ganancias ilícitas, que sirven para financiar otros delitos como el secuestro, el narcotráfico y el lavado de dinero”, dice en entrevista.

El especialista destaca que si bien en México existen disposiciones legales para combatir estos ilícitos, es necesario hacer reformas para que la persecución sea más eficaz, pues actualmente se requiere de querella, es decir, de una denuncia del o los afectados, y se trata de delitos que deben perseguirse de oficio, por su gravedad e impacto social y económico.

Un problema de educación

Adquirir la imitación de una bolsa de diseñador, cuyo precio más económico es de entre 18 y 20 mil pesos, por un costo de entre dos mil y tres mil pesos se ha convertido en una práctica común, al igual que comprar artículos apócrifos de “marca”, ya sea calzado o prendas de vestir pero la gente que consume estos productos no está consciente de que al hacerlo forma parte de un delito.

Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, quien tiene a su cargo el combate a la “piratería” y el contrabando en todas sus modalidades, reconoce que este es un fenómeno asociado a la falta de una cultura de la legalidad.

“A la gente le parece normal comprar este tipo de objetos, y no saben el daño que están causando, porque finalmente genera desempleo, un impacto económico importante”.

En entrevista, el funcionario indicó que las personas deben tomar conciencia que la venta de estos productos es un delito, y quienes los adquieren entran a la cadena delictiva.

“La gente ve como una oportunidad el poder tener esa misma bolsa, que es una imitación, a un precio más accesible, aunque quien gasta tres mil pesos en una bolsa no deja de tener un gasto importante, pues no es el mismo caso de quien compra un disco de 10 pesos, y precisamente esta es la parte donde se tiene que generar una cultura de legalidad”.

“El común denominador de la gente no entiende lo que es un Derecho de Autor, lo que es el derecho de un registro; existe en la sociedad la percepción clara de que falsificar productos es un delito, pero hay que trabajar en el hecho de que la gente cuando compra uno de estos artículos, no tiene la percepción de que esté cometiendo un ilícito”, indica Muñoz Vázquez.

Debe aplicarse la ley: IMPI

El subprocurador Muñoz Vázquez precisa que la mayoría de imitaciones de productos de marca, provienen de países asiáticos.

Por ello, se trabaja con las autoridades hacendarias, para impedir la introducción ilegal de este tipo de productos apócrifos a nuestro país, sobre todo por las aduanas de Manzanillo, Colima; Laredo, Tamaulipas y el aeropuerto de la ciudad de México.

También, dijo, se diseñan operativos contra los lugares donde se comercializan estos artículos de “imitación”, como Tepito, en el Distrito Federal, uno de los puntos de mayor venta de piratería, aunque también este fenómeno se presenta en ciudades como Puebla, Monterrey y Guadalajara.

Para Jorge Amigo, director del IMPI, esta proliferación, que alcanza a Colima y Guanajuato, es resultado de la aceptación social de los delitos, por lo que el problema debe atacarse por dos vías, la concientización y la aplicación de la ley.

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