Jornada.unam.mx,
30 de junio de 2007,
Gustavo Castillo,
Angel Bolaños.
30 de junio de 2007,
Gustavo Castillo,
Angel Bolaños.
- Primera acción conjunta por parte del gobierno federal y las autoridades capitalinas
- Fue desarticulado uno de los principales centros de distribución de mercancía de contrabando en la ciudad, afirma Ebrard
- Fueron decomisadas más de 30 toneladas de productos pirata
A primeras horas de este viernes, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, apoyados por la Agencia Federal de Investigación, la Unidad de Aduanas y la Policía Federal Preventiva, expropiaron dos predios comerciales ubicados en la calle República de Costa Rica, en el Centro Histórico.
La expropiación de dos plazas comerciales de la calle República de Costa Rica, en los límites de las colonias Centro y Tepito, desarticula uno de los principales centros de distribución de mercancía de contrabando en la ciudad, afirmó el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, quien resaltó la participación de la Procuraduría General de la República (PGR) por tratarse de un delito del ámbito federal.El operativo, iniciado a primera hora del viernes, constituye la primera acción conjunta por parte del gobierno federal y las autoridades capitalinas contra bandas del crimen organizado en la que el gobierno de la ciudad aplica su política de expropiar los bienes inmuebles asociados a actividades delictivas, como lo hizo antes en El 40, del barrio de Tepito; en el predio La Ford, de la delegación Iztapalapa, y en la colonia Santa María la Ribera.
En las plazas expropiadas ayer se distribuía 40 por ciento del contrabando de calzado chino y bisutería en el Distrito Federal, de acuerdo con información dada a conocer por el subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Felipe Muñoz Vázquez y el secretario de Seguridad Pública capitalina (SSP-DF), Joel Ortega Cuevas.
En estos sitios se han decomisado, de agosto de 2005 a mayo de este año, más de 280 toneladas de calzado de origen chino que ingresaron ilícitamente a territorio mexicano, y ayer, informó Ebrard, se recuperaron entre 30 y 40 toneladas de mercancía, la cual no sólo se distribuía en Tepito, el Centro Histórico y otros puntos de la ciudad, sino hacia otras entidades de la República.
Dicha acción se realiza en momentos en que funcionarios federales han criticado al jefe de Gobierno capitalino por negarse a utilizar la fuerza pública para retirar el plantón frente a las oficinas centrales del ISSSTE por parte de maestros que se oponen a las reformas a la ley de dicha institución, y tres días después de que Felipe Calderón criticó a la administración local durante una gira de trabajo en la que entregó a la ciudad las obras de entubamiento del Gran Canal, e hiciera una invitación a sus autoridades para solucionar problemas como el del drenaje profundo, por encima de sus diferencias.
Ebrard reiteró ayer en entrevista que desde el inicio de su administración ha venido marcando una línea de separar la esfera política de la acción cotidiana de gobierno y "no tenemos empacho en decir que hemos defendido los intereses de la ciudad en todos los ámbitos, hemos actuado con responsabilidad y este caso, tratándose de un tema de seguridad, es una muestra de ello".
Hasta bancos y casa de cambio tenían: Joel Ortega
Desde la noche del jueves, centenares de policías capitalinos y decenas de agentes federales, iniciaron el cerco a Tepiplaza y Plaza Costa Rica, ubicadas en los números 47 y 54 de la calle de Costa Rica, en la colonia Centro, de la Delegación Cuauhtémoc.
Luego del operativo policiaco, se realizó una conferencia de prensa en la que participó personal de la PGR, Aduanas, Policía Federal Preventiva (PFP) y representantes del gobierno capitalino.
Según los reportes oficiales, Tepiplaza era un inmueble en el cual "los contrabandistas habían operado tan cómodamente", que hasta contaban con "sucursales bancarias y una casa de cambio para facilitarles sus operaciones, producto de sus actividades, la mayor parte de éstas ilícitas", dijo Joel Ortega.
Ebrard dijo a este respecto que se pedirá la colaboración de la Secretaría de Hacienda para determinar si las sucursales bancarias y la casa de cambio realizaban operaciones ilícitas como lavado de dinero producto del contrabando ilegal.
Ortega Cuevas afirmó que la expropiación se realizó en cumplimiento del decreto publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, y que la finalidad no es demoler los inmuebles sino utilizar los espacios para el mejoramiento urbano y el desarrollo económico del Centro Histórico, por lo que los locales serán ocupados por comerciantes que ahora desarrollan su actividad en la vía pública.
Mencionó que se están preparando otras "diez carpetas" relativas a otros casos en que los inmuebles son utilizados para realizar actividades ilegales; en tanto, Felipe Muñoz Vázquez, subprocurador de la PGR, informó que en lo que va de esta administración se han cateado mil 387 inmuebles y se han asegurado más de 80 millones de productos apócrifos en todo el país, como parte del combate a la piratería.
El funcionario federal reveló que acciones como las realizadas de manera conjunta con las autoridades del Distrito Federal, se llevarán a cabo con las de otras entidades y municipios, como parte del programa nacional contra la piratería.
El decreto expropiatorio suscrito por el jefe de Gobierno capitalino señala en sus considerandos que ambos inmuebles "son utilizados para ofrecer al público en general, una gran variedad de productos de ingreso ilícito al país, como se ha confirmado con las constantes denuncias de hechos que han sido presentadas ante las autoridades competentes, y que han provocado la práctica de diversas órdenes de cateo en los inmuebles mencionados, las cuales han arrojado como resultado en todas ellas, el aseguramiento de cantidades considerables de mercancías ilícitas".
Esto, continúa el documento, "ha contribuido a que estos centros de comercio se constituyan en un sitio ideal para que las personas que venden mercancías ilegales, comercien sus productos, permitiéndose utilizar los espacios de dichos inmuebles, no sólo para la venta de éstos, sino también para almacenarlos, y emplearlos como base para operaciones ilegales", situación que impide la habilitación y aprovechamiento de los mismos en el desarrollo y potencialización de otras actividades lícitas, que tengan un mayor beneficio colectivo y contribuyan al mejoramiento urbano.
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