Ipsnoticias.net,
Marcela Valente.
Marcela Valente.
Argentina.
BUENOS AIRES, jun (IPS) - Para reducir la informalidad laboral en el sector textil de Argentina, que afecta a 80 por ciento de los empleados en esta rama de la industria, un organismo público ofrece otorgar certificados de calidad a las firmas que no apelen al trabajo esclavo.
La idea es garantizarles, además, su acceso a la categoría de grandes proveedores del Estado.
El programa de Certificación Voluntaria del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) para Empresas de Indumentaria se puso en marcha a raíz del incendio de un taller textil clandestino en Buenos Aires el 30 de marzo de 2006, en el que murieron seis bolivianos, una mujer y cinco menores de edad.
En Argentina, gran parte de los inmigrantes bolivianos, en su mayoría ilegales, trabajan "en negro" en talleres textiles que no respetan la legislación laboral. El sector de la construcción es otra importante fuente de empleo para quienes vienen a Buenos Aires desde ese país limítrofe.
El incendio desató un estallido de denuncias por talleres en los que se confeccionan prendas de primeras marcas en condiciones de semiesclavitud. Se recluta bajo engaño a los costureros, en su mayoría inmigrantes ilegales de países vecinos, se les retienen los documentos y se los somete a largas jornadas de trabajo mal pago.
Los locales carecen de la seguridad adecuada. Los trabajadores viven hacinados con su familia en el taller y algunos carecen de permiso de salida. "Las grandes marcas derivan la confección a estos talleres ilegales que escapan a los controles", explicó a IPS Pablo Bergel, coordinador del Programa de Calidad del Inti.
En la Cooperativa La Alameda, que reúne a costureros que lograron huir de estos talleres de Buenos Aires, sus responsables aseguran que los locales no son emprendimientos al margen de la gran industria sino que constituyen un modo de producción del sector textil fundado en la explotación laboral de trabajadores inmigrantes.
En los últimos dos años, la cooperativa denunció ante la justicia a un centenar de talleres que violan normas laborales y de inmigración y presentó una nómina con 72 marcas de indumentaria de primera calidad para mujeres, hombres y niños que se proveen del trabajo realizado en estos locales clandestinos.
Entre ellas mencionó a la diseñadora de alta costura Graciela Naum, quien tenía como principal clienta a la argentina Máxima Zorreguieta, quien se convirtió en princesa al casarse en febrero de 2002 con el príncipe Guillermo Alejandro de la casa de Orange-Nassau, heredero de la corona holandesa. La prensa comentó que la princesa dejó de comprar ropa de Naum. La diseñadora negó todas las acusaciones.
Frente a esta realidad, el Inti lanzó el programa de certificación dirigido a empresas de indumentaria, incluyendo los talleres de confección y proveedores de toda la cadena productiva. La firma interesada en ingresar al programa debe someterse a una serie de auditorias para que se le otorgue el certificado.
La empresa solicitante debe demostrar que ofrece condiciones dignas de trabajo en toda la cadena, lo que incluye ausencia de trabajo infantil o forzado, violencia laboral y discriminación. Debe tener a su personal debidamente registrado y ofrecer condiciones tanto de seguridad en el trabajo como de protección del ambiente.
Como estímulo a las empresas que participen, el Inti firmó este mes un acuerdo con el Ministerio de Defensa y la cartera de Educación de la provincia de Buenos Aires, a fin de comprometerlos a focalizar sus compras de indumentaria en los proveedores que hayan ingresado al programa.
Se trata de dos ministerios claves por la magnitud de sus adquisiciones de uniformes militares y guardapolvos escolares. "Es una norma de discriminación positiva hacia empresas comprometidas con la ley y con el bienestar de sus empleados", resaltó la ministra de Educación Adriana Puiggrós.
Los trabajadores de La Alameda consideran que la iniciativa es buena pero insuficiente, porque según dicen no obliga a las empresas a cumplir con las normas. Sobre la adhesión de los ministerios al programa, el presidente de la cooperativa, Gustavo Vera, dijo a IPS que para crear un gran mercado deberían ingresar todos los organismos del Estado.
Vera supone que es una utopía creer que las empresas van a aceptar las auditorias. "Las firmas se arriman para ver de qué se trata pero no se dejarán auditar porque tienen mucho que esconder", aseguró.
"Para que la industria de la indumentaria sea sustentable tienen que hacer que esta certificación sea obligatoria y que intervenga el Ministerio de Economía para controlar la estructura de costos", advirtió.
Vera señaló que algunas tiendas de primera marca como la firma Montagne, dijo, venden casacas al público a un precio de 200 dólares, mientras que pagan a quien las confeccionó en los talleres clandestinos 0,50 centavos de dólar.
En otros casos, de acuerdo con informes publicados por la prensa local, los trabajadores reciben 0,30 centavos de dólar por confeccionar pantalones vaqueros que, según el prestigio de la marca, se venden al público a un precio de entre 80 y 150 dólares.
Luego del incendio del taller clandestino en marzo de 2006, la ministra de Derechos Humanos y Sociales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Gabriela Cerutti, estimó que existían alrededor de 1.600 locales de esas características, en los que la paga semanal era de unos 16 dólares por jornadas laborales de 18 horas.
El presidente de La Alameda señaló que a raíz del mayor control sobre este modo de producción los dueños de pequeños talleres denuncian que las grandes marcas están en la búsqueda de talleres fuera de la ciudad de Buenos Aires, porque en esas zonas se están multiplicando los locales clandestinos que operan con la complicidad de la policía.
En el Inti saben que la empresa que se proponen es difícil y reconocen que el organismo carece de poder de policía para clausurar un local o combatir directamente la explotación laboral.
"Lo que ofrecemos es un distintivo que facilite el acceso a grandes clientes y que otorgue prestigio a la marca que cumpla con las normas. Veremos si también puede ser valorado por el consumidor. Quizás sea una utopía", dijo Bergel, "pero al menos lo estamos intentando".(FIN/2007)
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